En el Gobierno desconocen el "plan Moyano" para estatizar los accesos Norte y Oeste

En el Gobierno desconocen el "plan Moyano" para estatizar los accesos Norte y Oeste
El proyecto de ley presentado por el diputado Facundo Moyano para terminar con las concesiones de Ausol y GCO no cosechó aún respaldo oficial
Por Andrés Sanguinetti
28.07.2021 14.46hs Negocios

El proyecto de ley para estatizar las autopistas Panamericana y Acceso Oeste presentado por el diputado nacional Facundo Moyano generó cierta inquietud en varios ámbitos del gobierno nacional.

La iniciativa tomó por sorpresa a varios de los ministros involucrados en el devenir de las concesiones de servicios públicos quienes, de manera informal, dijeron no estar al tanto de la jugada del hijo del dirigente camionero Hugo Moyano.

El proyecto propone crear la sociedad estatal Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), para operar las concesiones de ambas rutas y distribuir su capital social entre el Estado nacional (83%), una empresa privada que surgiría de una nueva licitación (10%) y el gremio de Camioneros, que se quedaría con el 7% restante de las acciones.

Además, del paquete bajo control del Estado, un 35% sería controlado por el Ministerio de Transporte y el 75% restante para Obras Públicas y Vialidad Nacional, dependencia bajo la órbita de Gabriel Katopodis.

Según los considerandos de la iniciativa, la estatización de ambas autopistas "permitirá la optimización de los recursos disponibles a fin de mejorar la ginfraestructura vial existente en el AMBA".

Como fuente de ingresos de la nueva sociedad estatal Moyano pretende usar la recaudación por aplicación del régimen tarifario que fija anualmente el Poder Ejecutivo y que hasta junio pasado se mantuvo congelado por dos años y medio.

De hecho, recién en julio el Gobierno autorizó una suba de los peajes del 9% que será la única del año y cuyo porcentaje se encuentra lejano a la suba de los costos y a l inflación.

Esto ya fija una discrepancia con la iniciativa del diputado del Frente de Todos que pretende incrementos no menores a la variación anual del índice de precios internos al por mayor (IPIM) nivel general y que sean de aplicación automática.

En el Ministerio de Obras y Servicios Públicos aseguraron desconocer los alcances del proyecto y su relación con las empresas concesionarias de los accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires.

Suponen que se trata de una "movida" personal del diputado Moyano que no incide en la investigación que el ministerio viene haciendo sobre el contrato de extensión de las concesiones de ambas rutas firmado por las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oete (GCO) con el ex presidente Mauricio Macri.

El ministerio que conduce Gabriel Katopodis se hizo cargo del control y regulación de las rutas nacionales que antes del cambio de gobierno del 2019 estaban bajo la tutela del Ministerio de Transporte, que por entonces conducía Guillermo Dietrich.

Desde ese momento, se reestatizaron todas las autopistas nacionales, salvo las de Ausol y GCO, ambas propiedad del grupo epañol Abertis, que todavía mantienen sus concesiones pero que están bajo investigación y forman parte de varias causas judiciales por denuncias presentadas también por diputados oficialistas.

Pero fue el propio Además, Fernández quien instruyó al ministro Katopodis a que abra una investigación sobre el proceso de renegociación de los contratos de Ausol y GCO por entender que son perjudiciales para el Estado y favorecen a las empresas a cargo de las operaciones.

De hecho, este proceso podría derivar en un hecho similar al que plantea el diputado Moyano. Es decir, en la rescisión de los contratos y la estatización de ambas ruta, pero en el marco de una decisión política que solamente podría tomar el propio Jefe de Estado si sigue con la misma lógica de estatización de otras concesiones que ya se llevaron a cabo.

En el 2018 las dos compañías llegaron a un acuerdo con el gobierno de Cambiemos para extender los contratos hasta el 2030, además de condonarles una millonaria deuda en concepto de inversiones que no se concretaron.

Este convenio derivó en la apertura de la investigación oficial y de varias causas judiciales.

Las sospechas recaen sobre varios puntos del acuerdo que permitía una ampliación del plazo de la concesión por 12 años; un ambicioso plan de inversión y un mecanismo de compensación de las inversiones no amortizadas que fueron reconocidas en dicho contrato. Por esta cláusula Ausol y GCO debían recibir del Estado casi u$s500 millones.

También le puso fin a una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones.

En su momento, se consideró que el acuerdo de renegociación ponía fin a años de incertidumbres y dificultades que vivieron Ausol y GCO. Sin embargo, las actuales autoridades estiman que se trata de un mal acuerdo para el país que fue concretado a partir de maniobras ilegales.

En una de las causas, la jueza María Eugenia Capuchetti dictó la falta de mérito para los ex ministros macristas Nicolás Dujovne; Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, y también para el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Todos habían sido procesados por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral en el expediente abierto para investigar la negociación entre el Estado y los concesionarios.

La magistrada entendió que no existen elementos suficientes para dictar nuevamente los procesamientos de los ex funcionarios si bien dejó abierta la posibilidad de avanzar con la investigación al ordenar también que se realice un profundo peritaje sobre el contrato de concesión.

También ordenó la realización de "un estudio contable que permita comprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos para corroborar la existencia de uno de los extremos esenciales de la plataforma fáctica".

El examen estará a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El caso se basa en una denuncia que presentó el diputados nacionales del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, contra el ex presidente Macri y varios de sus ministros por delitos e irregularidades advertidos en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión en favor de Ausol.

Según relata la denuncia, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, la operadora de la Panamericana "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios con el propósito de forzar una renegociación del contrato que derivó en un arreglo, sin que mediara dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación por parte de las autoridades, para el pago de u$s499 millones a la demandante".

Para Taillade, la denuncia ante el Ciadi "sólo operó como fachada para justificar un pago que no podría tener respaldo legal ni económico de ningún tipo". Y el acuerdo para evitar el proceso "habilitó un aumento en la cotización de las acciones de Ausol, dada la expectativa de cobro de una importante porción del reclamo, del 400% desde la asunción de Macri hasta mediados del 2017, cuando el grupo Socma decidió vender su participación".

El año pasado, el presidente de Ausol y GCO, Andrés Barberis Martin, presentó un escrito efectuando una detallada explicación, respuesta y valoración sobre los hechos de la denuncia y las pruebas producidas por el juzgado.

Según el informe, del análisis de las pruebas "se desprende con claridad la improcedencia de la denuncia." Barberis acompañó su presentación con carácter de prueba diversa información y documentación respaldatoria de las explicaciones aportadas a las actuaciones.

"Tanto el Sr Barberis como la Sociedad han intentado en todo momento colaborar con la investigación y brindar toda la información y documentación que corrobora la legalidad de lo actuado durante el proceso de renegociación del Contrato", asegura la carta de la concesionaria.

Incertidumbre financiera

De manera paralela a las causas judiciales, tanto Ausol como GCO vienen acumulando problemas financieros derivados del congelamiento de los peajes que finalizó a principios de julio luego de dos años y medio sin cambios en los precios.

Las dos sociedades acumulan millonarias pérdidas producidas por la imposibilidad de retocar sus ingresos para sostener gastos cada vez más altos y una fuerte caída en la circulación por sus rutas debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional para combatir la pandemia del Covid-19.

A fines de junio pasado, ambas concesionarias fueron habilitadas a incrementar en un 9,9% los valores por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
A fines de junio pasado, las concesionarias fueron habilitadas a incrementar en un 9,9% los valores de los peajes

.

Se trata de un porcentaje similar al aplicado en las tarifas de la electricidad y el gas que el Gobierno definió a fines de abril y que fueron del orden del 9% y el 7% respectivamente.

Igualmente, la suba no tuvo en cuenta los reclamos que vienen haciendo Ausol y GCO para retoques mayores que permitan acompañar los movimientos de precios de los costos que deben enfrentar para llevar a cabo sus operaciones.

De todos modos, la decisión termina con un período de congelamiento de peajes que se inició en marzo del 2019, cuando el entonces gobierno de Cambiemos decidió establecer un cepo a los cuadros tarifarios en el marco de un escenario macro económico inestable y como forma de garantizar un auxilio a los bolsillos de los usuarios de las rutas nacionales concesionadas.

El congelamiento fue extendido por el presidente Alberto Fernández, quien avanzó un poco más y prohibió el cobro de peajes entre el 20 de marzo y el 18 de mayo del 2020, período en el que se mantuvo el servicio de emergencia en la red vial concesionada para garantizar el servicio público de tránsito y la seguridad de los usuarios durante la pandemia.

Mientras tanto, las empresas vienen aplicando una serie de medidas para enfrentar los mayores costos y buscando preservar la caja, reduciendo los gastos pero manteniendo los estándares de calidad y seguridad necesarios, además de negociar con los proveedores para obtener una reducción de los pagos tendiente a mitigar el impacto de las medidas dispuestas por el Estado Nacional contra el Covid-19 y los incumplimientos del régimen tarifario del acuerdo integral.

"La dirección de la sociedad continúa monitoreando permanentemente la evolución de las situaciones mencionadas precedentemente para tomar aquellas medidas necesarias para preservar la vida humana y determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los eventuales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. El alcance final de los efectos derivados de las medidas dispuestas por la pandemia es aún desconocido e imposible de predecir con seguridad a estas alturas", argumenta la compañía propiedad del holding español Abertis.

Temas relacionados
Negocios en tu mail
Suscribite a nuestro newsletter y recibí diariamente las últimas noticias en finanzas personales. Economía, impuestos, tecnología y buenos negocios:
Lo más leído